La Inspección General de Justicia (IGJ) dio un nuevo paso en su proceso de modernización mediante la Resolución General 9/2026, que reforma el régimen de presentación de estados contables de sociedades, asociaciones civiles y fundaciones.
La medida apunta a simplificar procedimientos, eliminar exigencias burocráticas y avanzar hacia un sistema completamente digital para las entidades sujetas a fiscalización.
Esta reforma se enmarca en un proceso más amplio de digitalización impulsado por la IGJ, que viene incorporando nuevos sistemas electrónicos para la gestión de trámites y documentación societaria.
Como explica Vanesa Balda, socia del estudio jurídico Vitale, Manoff & Feilbogen, uno de los cambios más relevantes consiste en que la presentación de estados contables pasa a realizarse íntegramente en formato digital.
Con la entrada en vigencia del nuevo régimen desaparecen diversos requisitos que respondían a un modelo administrativo basado en documentación física, entre ellos:
- Presentación de soportes magnéticos.
- Formularios impresos por duplicado.
- Certificaciones notariales de firmas.
- Transcripciones y copias cuya utilidad práctica había quedado superada por las herramientas digitales actuales.
El objetivo es reducir costos administrativos, agilizar los tiempos de presentación y concentrar la información en una plataforma digital que facilite tanto el cumplimiento por parte de las entidades como las tareas de fiscalización.
Entre las modificaciones que probablemente tendrán mayor impacto práctico para profesionales y entidades se encuentra la derogación de la obligación de realizar una presentación previa de determinadas asambleas y balances.
Ya no será necesario efectuar ese trámite previo para las sociedades comprendidas en el artículo 299 de la Ley General de Sociedades, y las asociaciones civiles categorizadas como I y II.
La documentación correspondiente pasará a integrarse dentro de la propia presentación de los estados contables, eliminando un procedimiento separado que implicaba mayores costos administrativos, tiempos adicionales y duplicación documental.
Esta modificación constituye una de las simplificaciones más relevantes introducidas por la resolución, ya que reduce significativamente la cantidad de actuaciones que debían realizar las entidades para cumplir con sus obligaciones ante la IGJ.
La resolución introduce además modificaciones técnicas destinadas a adecuar el régimen a los estándares contables actualmente vigentes.
Entre otras cuestiones:
- Incorpora expresamente las NIIF para PyMEs;
- Remite a las normas profesionales vigentes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
- Elimina referencias a normas técnicas que habían sido derogadas hace varios años.
Un cambio orientado a la simplificación administrativa
En los fundamentos de la resolución, la propia IGJ señala que el objetivo no consiste en disminuir los controles, sino en eliminar requisitos que dejaron de aportar valor al sistema de fiscalización.
Desde esa perspectiva, el organismo entiende que la centralización digital de la información permite ejercer un control más eficiente que la acumulación de documentación en soporte papel, al tiempo que reduce cargas administrativas para sociedades, asociaciones civiles y fundaciones.
La Resolución General 9/2026 representa, así, una de las reformas más importantes de los últimos años en materia de presentación de estados contables ante la IGJ, con un enfoque orientado a la digitalización, la simplificación de trámites y la reducción de cargas burocráticas para las entidades fiscalizadas.
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